La defensoría del pueblo insiste a Nación que realice audiencia pública para conocer el precio real de la energía eléctrica.

corregido
Es por los incrementos dispuestos por el gobierno nacional en 2016, cuando Mauricio Macri estaba a cargo del Ejecutivo. La institución encabezada por Gustavo Corregido recomendó a la actual administración la realización de una audiencia pública para blanquear el precio nacional de la energía eléctrica.

Corregido recordó que la medida de aumentos tarifarios tomada por la gestión Macri fue delictiva «porque hubo una violación de los deberes de funcionario público, ya que no cumplieron con la ley de audiencias públicas para efectuar esas subas en las tarifas».

En su momento la Defensoría del Pueblo del Chaco ya había planteado la ilegalidad de los sucesivos aumentos de la energía eléctrica de la gestión nacional anterior, obteniendo sentencia favorable en primera instancia y confirmación de la Cámara Federal de Apelaciones.

«Todos sabemos que con los incrementos, pagar las facturas es de difícil cumplimiento en una de las provincias más pobres», opinó el ombudsman, que a la vez consideró que los repetidos y arbitrarios aumentos «produjeron emprobecimiento, desempleo y problemas de salud por las altísimas tarifas, colocándonos además en el rango de ‘pobreza energética'».

A poco más de dos meses de la asunción al mando de Alberto Fernández y siendo de conocimiento público la ilegalidad, arbitrariedad y desproporcionalidad de la medida, además de la promiscuidad con los propietarios de los generadores de energía eléctrica, la Defensoría del Pueblo emitió una recomendación al gobierno nacional para que llame a audiencia pública, ya que habiendo transcurrido un plazo razonable de tiempo se impone una convocatoria para poner en conocimiento del pueblo argentino el valor real del kilovatio y energía eléctrica.