Gobierno presentó nueva ley de ética para extender control a jueces y sindicatos.

La OA dio a conocer una iniciativa en la que busca darle más autonomía al organismo que lidera Laura Alonso. Declaraciones juradas del Poder Judicial y de gremialistas, en el centro de la escena.
0036177870

El Ejecutivo presentó en Diputados una nueva ley de ética pública que coloca en el centro de la escena las contrataciones del Estado.

Sin embargo, la iniciativa propone también brindarle mayor autonomía a la Oficina Anticorrupción (OA) que dirige Laura Alonso a través de la inclusión dentro de su esfera de control al Poder Judicial, al Congreso y a los sindicatos.

La iniciativa es motorizada por la propia titular del organismo y por el “lilito” Fernando Sánchez, Secretario de Fortalecimiento Institucional, quienes en la actualidad son los encargados de velar por el buen comportamiento de las prácticas éticas dentro del Ejecutivo.

La presentación se realizó ante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los diputados del PRO, Pablo Tonelli y Daniel Lipovetzky. Por lo pronto, el proyecto impulsado por Alonso y Sánchez propone modificaciones a la ley de ética pública vigente que fue sancionada en 1999 y que sufrió modificaciones en 2013.

Para el borrador, la OA realizó consultas con especialistas del Banco Mundial, la OCDE y a través de la plataforma Justicia 2020. Desde la oficina también destacaron que para la presentación de este proyecto de ley se estudiaron legislaciones similares de Méxcio, Chile, Francia y Canadá. Por lo pronto, la semana que viene comenzará el debate con la puesta en consideración de otros proyectos que ya fueron presentados con anterioridad.

Durante el plenario, el propio Sánchez defendió la iniciativa al considerar que “el mejor antídoto para la corrupción es la integridad”. En ese contexto, el funcionario sostuvo que “tenemos mucho por mejorar” y destacó las leyes del arrepentido, la de defensa de la competencia y la de extinción de dominio como herramientas de “lucha contra la corrupción”.

Por su parte, Alonso señaló que la norma de 1999 “fue una muy buena ley para la ética” pero “tuvo una implementación muy errática con una modificación muy negativa en 2013 por lo que merece una actualización”.

Entre los detalles de la nueva norma la propia Alonso destacó que la propuesta “subsana la reforma parcial de 2013” porque “perfecciona la cantidad de funcionarios obligados a presentar declaraciones juradas de los tres poderes”.

En ese contexto, la funcionaria detalló que la presentación de las DDJJ se realizará a través de un formulario electrónico al tiempo que la información se hará pública. En caso de que un funcionario no cumpla con la presentación se le retendrá un 20% de los haberes.

“Nueve provincias no tienen una ley de ética pública. Esperemos que este debate las inspire y las invitamos a adherir si esta ley es sancionada”, señaló Alonso. Sobre el cierre la titular de la OA señaló: “Estamos ante una oportunidad histórica. Entendemos que la sanción de esta norma es imperiosa”.