El municipio dio precesiones acerca de los pedidos de informe sobre renegociación de contratos de servicios públicos.

El secretario General del municipio, Raúl Codutti, desestimó este viernes la información de concejales de Vamos Chaco respecto al contrato entre la comuna y la empresa Pimp SA.
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Según detalló el funcionario, el pedido de informe por parte de los ediles de la oposición ingresó el 18 de abril y que el Ejecutivo cuenta con un plazo de diez días hábiles para contestarlo por lo que es cuanto menos apresurado de su parte hablar de falta de respuesta por parte del gobierno municipal.

“Presentaron la solicitud el miércoles 18 y al otro día hicieron declaraciones en los medios desconociendo que la Carta Orgánica Municipal otorga al Ejecutivo un plazo de diez días hábiles para contestar”, sostuvo Codutti.

El secretario General también indicó que el bloque de Vamos Chaco ya cuenta con la información que solicitó puesto que los proyectos de renegociación de contratos fueron remitidos al Concejo el 7 de marzo de 2016.

El funcionario explicó que ese paso administrativo, en cuanto a los contratos con Pimp, Logos SA y Relevamientos Catastrales, se hizo mediante las actuaciones simples 19818-I-2016 y 19815-I-2016 y 19821-I-2016 las que luego fueron derivadas a la comisión de Asuntos Generales el 15 de marzo de 2016 sin que esa cartera les haya dado tratamiento alguno hasta la fecha.

“Posteriormente a eso, el Ejecutivo procedió a la suscripción de los convenios de renegociación con Logos y relevamientos Catastrales, los que quedaron registrados mediante las resoluciones 0967/16 y 1386/16”, sostuvo Codutti.

“Luego, fueron elevadas al Concejo, con fecha del 14 de marzo de 2017, mediante las actuaciones simples 22350-I-2017 y 22349-I-2017, las que se encuentran hace más de un año en la comisión de Hacienda y Presupuesto sin que sean tratadas por el cuerpo legislativo”, agregó.

El funcionario explicó además que la renegociación de los contratos celebrados se efectuó en el marco de la ordenanza 11732, que declara la Emergencia Económica, Financiera y Administrativa, herramienta que faculta al Ejecutivo a renegociar, rescindir o adecuar contrataciones “siempre que ello implique una mejora para el municipio respecto de la situación existente al momento de la entrada en vigencia, siendo el caso de los convenios celebrados”.