El Estado pierde $ 3.071 millones anuales por el contrabando de celulares.

Ingresan de forma ilegal al país 3 millones de smartphones por año, lo que representa 25% del mercado total de la Argentina; impacta en IVA, Ingresos Brutos y otros impuestos.
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Cada año ingresan de contrabando al país 3.000.000 de teléfonos celulares, algo que, además de afectar a fabricantes y vendedores de smartphones, también impacta en el Fisco. Según cálculos de la Asociación de Fabricantes Argentinos de Terminales Electrónicas (Afarte), si se toma como valor promedio de esos aparatos el de $ 5250, lo que dejan de percibir las arcas fiscales asciende a $ 3071,04 millones.

En efecto, según estimaciones del organismo, en el país se venden por año 12.000.000 de celulares, de los cuales un 25% entró al territorio nacional de contrabando. “En los últimos años, el mercado formal de teléfonos celulares en la Argentina ha experimentado una merma por el creciente fenómeno del comercio ilegal de producto”, comenta Federico Hellemeyer, presidente de Afarte.

Según explica Sofía Devalle, economista del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), a nivel nacional hay que tener en cuenta la pérdida de recaudación por IVA, Impuestos Internos y Ganancias. “Y después hay que tomar en consideración la pérdida de recaudación en provincias y municipios”, agrega la especialista.

Un trabajo realizado por Afarte da cuenta de los perjuicios que el delito de contrabando de celulares le trae al Fisco. Para entender los cálculos de ese análisis hay que considerar que se tomó una alícuota interna de productos electrónicos de 7%, alícuota de Ingresos Brutos (IIBB) de 4,8%, un dólar de $ 17,50 y una generación de empleo de 600 trabajadores (en el caso de que esos celulares se hubieran fabricado en el país).

Así, hay $ 588 millones que se pierden por impuesto interno de electrónicos. “Es la recaudación que se deja de percibir por el volumen contrabandeado como impuesto interno a los bienes electrónicos, que se pagaría si se comercializaran legalmente en el país”, se explica en el análisis de Afarte.

Otros $ 1543,5 millones se dejan de percibir en concepto de IVA (comercialización). “Es la recaudación potencial que se deja de percibir por el volumen contrabandeado por impuesto al valor agregado”. A esto hay que sumarle $ 125.993.088, que es la recaudación potencial que se percibiría a partir de la incorporación de nuevos trabajadores (600) para la producción en Tierra del Fuego del mismo volumen contrabandeado.

Eso no es todo. Como se dijo, faltan las pérdidas por IIBB, que ascienden a $ 756 millones. “Todo esto da un total de pérdidas para el Fisco nacional de 3071,04 millones”, se concluye en el trabajo de Afarte.

En tanto, desde Samsung, una de las empresas perjudicadas por este contrabando se afirma que están muy comprometidos en luchar en conjunto con la industria y el Gobierno para erradicar la venta ilegal. “Ésta no es la que hace una persona en particular que se trae un teléfono del exterior, sino que es la que hace una organización que tiene locales de venta al público, que venden online y trae contenedores sin pagar un solo impuesto”, precisa Jean Del Pino, Senior marketing manager de la división Mobile de Samsung Argentina.

Para tener una idea de la dimensión del problema, basta con decir que, con respecto a 2016, el contrabando creció este año a doble dígito (alrededor de 15%). Cada año se acelera más y en un mercado de smartphones estable, en la medida que el contrabando siga creciendo, va a dañar la comercialización formal y va a llegar a tener implicancia en los resultados de las compañías.

“¿Por qué nos preocupa a nosotros como marca?”, se pregunta Del Pino. “Porque no tiene ningún tipo de homologación y tiene un riesgo de seguridad eléctrica, lo que representa un riesgo para el consumidor”, se responde.

“Además, a nivel marca trabajamos para ofrecerle beneficios a quienes compran en los canales oficiales (servicios preferenciales de atención, experiencias que solo pueden vivir siendo miembros de Samsung)”, comenta Del Pino.

En la industria, se trabaja para identificar a estas organizaciones a través de demandas ante la Justicia, que ha operado con mucha velocidad. Ya hay un caso testigo en el que se allanó un local en Palermo, Capital Federal, donde se encontró documentación y mercadería por $ 1.000.000 y se trabó un embargo de $ 11.000.000.