Diputados ya debate el proyecto que declara la emegencia para concursos y quiebras.

El oficialismo intentará darle media sanción a la iniciativa que incorpora las deudas vencidas al 30 de junio pasado e incluye premios para los contribuyentes cumplidores. Además, tratará un proyecto que busca declarar la emergencia en los concursos preventivos y quiebras.
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La Cámara de Diputados debate desde las 15.40 en el recinto una serie de proyectos consensuados entre todos los jefes parlamentarios que declara la emergencia hasta el 31 de diciembre para procesos de concursos preventivos y quiebras hasta el 31 de diciembre de 2020 en el marco de la pandemia por coronavirus. En tanto, a continuación tratarán el proyecto de moratoria impositiva y previsional.

Los proyectos que modifican de forma temporaria la Ley 24.522 de concursos y quiebras, que determina la ampliación de los plazos procesales en el caso de los concursos acreedores y la suspensión de ejecuciones por 180 días, y que fueran presentados por diversos bloques, fueron debatidos esta mañana en la Comisión de Justicia de la Cámara baja, sin lograr dictamen de comisión.

No obstante, durante la reunión de labor parlamentaria que mantuvieron -previo a la sesión- el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los jefes de bloque se acordó impulsar la iniciativa con la firma de todos los espacios -excepto la izquierda, que optaría por la abstensión-.

El texto consensuado plantea la suspensión del cómputo de los plazos procesales regidos por la ley de quiebras. Será el juez de cada proceso el que deberá fijar un nuevo cronograma.

Además, quedarán suspendidos “en pleno derecho y sin requerimiento de parte” los procesos de ejecución de cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras; la totalidad de las subastas judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias; la prescripción y caducidad de los créditos.

También quedarán prohibidos “nuevos embargos sobre cuentas bancarias, excepto para el caso de los procedimientos de comprobación y pronto pago de créditos laborales, y créditos de origen alimentarios”.

En tanto, más tarde pasará a discutir el proyecto que amplía la moratoria impositiva -que obtuvo el martes dictamen de mayoría- y contempla que a los beneficios podrán incorporarse las deudas vencidas al 30 de junio pasado, incluye premios para los contribuyentes cumplidores.

Además, el proyecto del Poder Ejecutivo, establece el plazo hasta el 31 de octubre para inscribirse en la moratoria, dispone que el primer pago vencerá en diciembre, en lugar del 16 de noviembre como establecía el proyecto original y fija que las deudas previsionales se podrán pagar en un plazo de entre 48 y 60 cuotas.

En tanto, prevé una tasa de interés fija del 2% mensual por seis meses y, a partir de ese momento, una tasa variable en pesos de acuerdo a la tasa de interés BADLAR conforme al sistema de amortización francés.

La caducidad de la moratoria será por falta de pago de tres cuotas para grandes empresas y de seis cuotas para MiPyMES.

Entre los motivos de caducidad, además del atraso en el cumplimiento del pago de las cuotas, se estableció que las empresas de mayor tamaño que adhieran a la moratoria no podrán podrán distribuir dividendos, ni realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario.

La novedad de esta moratoria es que no solamente las pymes están alcanzadas como en versiones anteriores sino también empresas de mayor envergadura y tamaño, aunque a último momento se excluyeron a los bancos y a las telefónicas, por considerar que se trata de sectores que siguen gozando de una elevada rentabilidad.

En cambio, grandes empresas de los sectores agropecuario, industrial, construcción, comercial, servicios y turismo podrán acogerse a los beneficios de la moratoria.

También quedaron fuera de la posibilidad de acceder al régimen quienes tengan activos financieros en el exterior y no repatrien por lo menos el 30% dentro de los 60 días.

Otro de los cambios que se aplicaron en las últimas horas fue la eliminación de que el Poder Ejecutivo tenga la posibilidad de prorrogar esta moratoria sin pasar por el Congreso.

También se incluyó en el temario a último momento, con el consenso de todos los bloques, la denominada Ley Williams, que declara de interés el síndrome del mismo nombre, un trastorno genético del desarrollo que afecta, en diferente grado, varias características de la persona que lo padece.

El síndrome de Williams se presenta en la población general en 1 de cada 7.500 nacimientos. Este nivel de ocurrencia lo caracteriza como una de las denominadas “enfermedades poco frecuentes”.